Los apelantes solicitaron una orden por la que se suspendiera el mecanismo de dilación contenido en una cláusula de arbitraje junto con una orden que impidiera que el árbitro dictara una decisión ex parte hasta que una corte competente hubiera emitido un fallo sobre la validez de la cláusula de arbitraje.

Los apelantes alegaron, sobre la base de los artículos 7 1) y 8 de la LMA, que la cláusula de arbitraje era inválida y violaba la norma de audi alteram partem, ya que sólo preveía la presentación de escritos y no permitía el contra-interrogatorio de los testigos. Además, se dijo que la cláusula de arbitraje no abarcaba el tema objeto de la controversia.

La corte de apelación confirmó la decisión del tribunal inferior, que establecía que la cláusula de arbitraje no era inválida ni contraria a la política pública. En opinión del tribunal, con arreglo al artículo 19 2) de la LMA, y en lo referente al principio audi alteram partem, el árbitro era “dueño de su propio procedimiento” y podía adoptar cualesquiera medidas que estimara apropiadas para determinar los hechos.

La corte llegó a la conclusión de que los alegatos contenidos en la petición y los argumentos de los apelantes no la habían convencido de que era de interés de la justicia dictar el auto solicitado.