Surgió una controversia entre las partes respecto de un contrato de obras a tanto alzado. Las partes habían intercambiado cartas y sostenido diversas conversaciones. El demandado dijo que se había enviado al demandante un contrato oficial que contenía una cláusula compromisoria. El demandante afirmó que en ningún momento había recibido la carta en que se adjuntaba ese contrato. Sin embargo, el contrato oficial no estaba firmado mientras las partes llevaban adelante las obras. Al surgir la controversia, el demandante entabló actuaciones judiciales. En el caso se planteaban dos cuestiones: si correspondía al tribunal o al árbitro decidir respecto de la existencia de una cláusula compromisoria y el criterio correcto para dictaminar sobre esa cuestión.

Al acoger la solicitud de suspensión conforme al artículo 8 1) de la LMA, el tribunal distinguió la situación actual de la que imperaba en la época de la antigua administración inglesa, en que los tribunales todavía podían ejercer su discreción para decidir sobre la suspensión. El tribunal sostuvo que correspondía al demandado demostrarle que había una presunción juris tantum o presentarle una argumentación claramente sostenible en el sentido de que existía un acuerdo de arbitraje vinculante para las partes. En cuanto al criterio aplicable, el tribunal señaló además que en primer lugar debía examinar las pruebas que respaldaban la argumentación del demandado, para determinar si en su conjunto esas pruebas eran convincentes y sostenibles y no dudosas o caprichosas.