En 1989, la parte demandante, una empresa marítima con domicilio social en un país africano, celebró un contrato con otras dos empresas marítimas situadas en América Central y en la región del Golfo, respectivamente, para la operación y explotación de un buque en Jeddah y Suez.

El contrato, que incluía una cláusula de arbitraje por la que los posibles litigios se sometían a arbitraje ante el Centro Regional de Arbitraje Mercantil Internacional de El Cairo (CRCICA), se celebró antes de la entrada en vigor de la Ley de arbitraje de Egipto de 1994. Sin embargo, el Tribunal Arbitral aplicó dicha ley en cumplimiento de lo dispuesto en su primer artículo según el cual las disposiciones de la Ley “se aplicarán a cualquier arbitraje pendiente en el momento en que la Ley entre en vigor o que se inicien posteriormente, incluso cuando se base en un acuerdo de arbitraje celebrado antes de la entrada en vigor de la Ley”.

Teniendo en cuenta las nacionalidades diferentes del demandante y de los demandados y puesto que el contrato estipulaba que el CRCICA era competente para resolver cualquier litigo relacionado con el contrato, el Tribunal Arbitral estimó que el arbitraje era un arbitraje de naturaleza internacional de conformidad con el artículo 3 de la Ley de arbitraje de Egipto [equivalente al párrafo 3 del artículo 1 de la LMA].

Además, puesto que la cláusula de arbitraje no se refería al lugar y el idioma de arbitraje y en vista de que las partes no determinaron posteriormente esas cuestiones de procedimiento, el Tribunal decidió que el lugar de arbitraje fuese El Cairo (Egipto) y que el idioma de arbitraje fuera el árabe. Esa decisión se basó en el artículo 28 y en el párrafo 1 del artículo 29 de la Ley de arbitraje de Egipto [equivalentes al párrafo 1 del artículo 20 y el párrafo 1 del artículo 21 de la LMA] relativos al lugar y el idioma de arbitraje, respectivamente.