El primer proyecto del actual art. 17 de la Ley Modelo elaborado por la Secretaría de la Comisión, se basó en los párrs. 1 y 2 del art. 26 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, que dicen:

MEDIDAS PROVISIONALES DE PROTECCIÓN

Artículo 26

1. A petición de cualquiera de las partes, el tribunal arbitral podrá tomar todas las medidas provisionales que considere necesarias respecto del objeto en litigio, inclusive medidas destinadas a la conservación de los bienes que constituyen el objeto en litigio, como ordenar que los bienes se depositen en manos de un tercero o que se vendan los bienes perecederos.

2. Dichas medidas provisionales podrán estipularse en un laudo provisional. El tribunal arbitral podrá exigir una garantía para asegurar el costo de esas medidas.

Aunque estos artículos no difieren de manera sustancial, el art. 26 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, a diferencia de la LM, señala ciertos ejemplos de medidas provisionales y dispone la posibilidad de que la medida se incluya en un laudo provisional.

23.2. FACULTAD DEL TRIBUNAL ARBITRAL DE OTORGAR MEDIDAS PROVISIONALES

El primer proyecto de artículo proponía que la facultad del tribunal arbitral para ordenar medidas provisionales requiriese de previa autorización de las partes, ya sea en el acuerdo arbitral o en virtud de la remisión que las partes hicieran a un reglamento de arbitraje que otorgara esa facultad al tribunal arbitral.495 El Grupo de Trabajo decidió que la facultad del tribunal arbitral para decretar medidas provisionales debería ser implícita, sin que se requiriese esa clase de autorización expresa de las partes. No obstante, éste consideró apropiado facultar a las partes para que limitaran o excluyeran dicha facultad.496

Aunque bajo la Ley Modelo no se requiere de una autorización expresa para facultar al tribunal arbitral, es común encontrar cláusulas arbitrales en las que las partes, además de confirmar dicha facultad, señalan que para la emisión de medidas provisionales no se requerirá a la parte solicitante que otorgue garantía. De manera similar, es factible que las partes acuerden que necesariamente deba otorgarse una garantía previa a que la medida provisional surta efectos. Dependiendo de la clase de contrato y del interés que defienda el abogado corporativo, la cláusula arbitral puede ampliar o limitar la facultad del tribunal arbitral.

23.3. ÚNICOS DESTINATARIOS DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES: LAS PARTES

A diferencia de las medidas cautelares y providencias precautorias que pueden dictar los jueces, un tribunal arbitral no puede dirigir sus órdenes a terceros ajenos a la controversia, debido a que el acuerdo arbitral sólo tiene efectos entre las partes. Este principio fue recogido en la Ley Modelo al disponer expresamente que las medidas provisionales pueden ordenarse “a cualquiera de las partes”. Aunque el legislador mexicano

495 A/CN.9/WG.II/WP.37, proyecto de art. 23.

496 A/CN.9/216, párr. 65; A/CN.9/232, párr. 120.

omitió señalar a los destinatarios de las medidas provisionales (se omitió la frase “a cualquiera de las partes”, sin que en la exposición de motivos se señalara el porqué), en nuestra opinión, dicha modificación obedece a un cambio de redacción y no a un cambio de fondo, máxime que en el texto actual de la LM y del CCo mexicano no se prevé la asistencia judicial en la ejecución de las medidas provisionales, lo que haría nugatoria cualquier medida provisional dirigida a un tercero.

23.4. TIPOS DE MEDIDAS PROVISIONALES

Las medidas provisionales que puede dictar un tribunal arbitral son muy variadas. Algunos de los tipos de esta medidas citados por la Comisión son: el depósito de bienes en manos de un tercero, la venta de bienes perecederos, medidas para “estabilizar” provisionalmente la relación de las partes en un proyecto, órdenes de modus vivendi (empleo o mantenimiento de maquinarias o faenas), medidas de protección de propiedad industrial, e inclusive, medidas para asegurar la obtención de una prueba que de lo contrario no podría conseguirse.497 Con base en el párr. 1 del art. 26 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, en los primeros proyectos del art. 17 se incluían algunos ejemplos de las medidas que el tribunal arbitral podía adoptar,498 pero el Grupo de Trabajo decidió que el alcance de dichos ejemplos era demasiado limitado y debía adoptarse una fórmula más general, consistente en “medidas provisionales de protección”,499 que finalmente se cambió por “medidas provisionales cautelares”.500

Cabe señalar que el legislador mexicano modificó el término “medidas provisionales cautelares” por “providencias precautorias”, sin que en la exposición de motivos o en los debates se explicara el porqué. Aunque esa desviación del texto original pudiese interpretarse en el sentido de limitar las medidas provisionales al secuestro de bienes y al arraigo,501 esas providencias precautorias son medidas reservadas a un juez502 y no

497 A/CN.9/207, párr. 77; A/CN.9/264, comentario al art. 18, párr. 2; A/CN.9/SR.316, párr. 40, y A/40/17, párr. 167.

498 A/CN.9/WG.II/WP.37, proyecto de art. 23 y A/CN.9/WG.II/WP.40, proyecto de art. XIV.

499 A/CN.9/245, párr. 71.

500 A/CN.9/WG.II/WP.48, proyecto de art. 18 y A/CN.9/246, párr. 58.

501 En el Título Primero del Libro Quinto del CCo expresamente se dispone que “[n]o pueden dictarse otras providencias precautorias que las establecidas en este Código, y que exclusivamente consistirán en el arraigo de la persona en el caso de la fracción I del artículo 1168, y en el secuestro de bienes en los casos de las fracciones II y III del mismo artículo.” (art. 1171).

502 El secuestro al que hace referencia el art. 1171 del CCo es precisamente el secuestro judicial (art. 2544, Código Civil Federal), que por definición, requiere de intervención judicial. Por su parte, el arraigo –la prevención al demandado de que no se ausente del lugar del juicio sin dejar representante legítimo, instruido y expensado– es una medida precautoria demasiado intrusiva, y nada común en arbitraje.

a un tribunal arbitral, lo que haría nugatoria la facultad que el art. 1433 otorga a este tribunal. Por tanto, del análisis de los trabajos preparatorios de la LM y de la inexistente evidencia de la intención legislativa de apartarse de ella, en nuestra opinión, el tribunal arbitral puede decretar todas las medidas provisionales que considere necesarias siempre y cuando éstas tengan relación con el objeto del litigio.

23.5. REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO  DE MEDIDAS PROVISIONALES

A. La medida debe tener relación con el objeto del litigio

Con base en el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, los redactores de la Ley Modelo incluyeron el requisito de que la medida provisional debía estar vinculada al objeto del litigio. No obstante, ni al redactar el Reglamento de Arbitraje ni la LM, la Comisión explicó qué debía entenderse por objeto del litigio.503 En la versión en inglés –idioma que utilizó la Comisión y su Grupo de Trabajo para deliberar– ambos reglamentos contienen la frase “in respect of the subject-matter of the dispute”, que desafortunadamente fue traducida como “objeto [en] [del] litigio”, término que en su connotación jurídica es más restringido que el término en inglés. Subject-matter of the dispute hace referencia a la materia de la disputa,504 que incluye tanto a las pretensiones en litigio (las prestaciones demandadas) como al objeto de esa pretensión (la cosa material o física en disputa, es decir, bienes, dinero, etc.), mientras que objeto en/del litigio es tradicionalmente entendido como el objeto material o físico sobre el que recae la disputa (por ejemplo, en una disputa de arrendamiento: el bien arrendado).505 No obstante esta traducción,

503  Los redactores del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI tomaron el requisito consistente en que la medida estuviese vinculada con el objeto del litigio del art. 27 de las Reglas de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (ECE Rules) y las Reglas de la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente (ECAFE Rules). Véase A/CN.9/97, comentario al proyecto de art. 22.

504  Utilizando esta significación, el término subject-matter jurisdiction se refiere a la competencia por materia.

505  La noción tradicional de objeto del litigio lo equipara al objeto indirecto del contrato. Al respecto, Carnelutti define al objeto del litigio de la siguiente manera: “Elementos del litigio […] Objeto. a) Objeto del interés es un bien. Tal es, necesariamente también el objeto del conflicto de intereses, y por tanto, de la relación jurídica y del litigio.” Francesco Carnelutti, Instituciones de Derecho Procesal Civil, Harla, México, 1998, p. 132. En este sentido, el maestro Eduardo Pallares señala: “En otras palabras, el objeto del litigio es lo que el actor exige al demandante, sea que consista en un bien material o incorpóreo, o en una prestación de hacer o de no hacer […] Agrega además: ‘El objeto del litigio es el bien respecto del cual hay conflicto de intereses. Deben distinguirse del objeto de la demanda, que consiste en lo que se exige en ella del demandado; por ejemplo: un propietario promueve juicio de lanzamiento en contra de su inquilino: el objeto del litigio es la cosa arrendada: el de la demanda, la desocupación de la misma.’” Eduardo Pallares, Diccionario de Derecho Procesal Civil, Porrúa, México, 1984, p. 584.

tanto el Grupo de Trabajo como la Comisión, al enumerar en sus discusiones las medidas provisionales que el tribunal arbitral podía adoptar (por ejemplo, medidas destinadas a estabilizar provisionalmente la relación de las partes, órdenes de modus vivendi, etc.), parece haberse referido al objeto tanto directo (el dar, hacer o no hacer) como indirecto (por ejemplo, la cosa, el hecho objeto de prestación o abstención) de la obligación objeto de disputa.

Por último, cabe señalar que aun cuando el art. 17 de la Ley Modelo se interpretara de forma restrictiva –limitando las medidas provisionales al objeto-cosa de la disputa–, este requisito es renunciable (el artículo inicia con la frase: “Salvo acuerdo en contrario de las partes…”) mediante una referencia expresa en la cláusula arbitral o la remisión a un reglamento de arbitraje que no contenga dicho requisito. Sobre este tema, existen reglamentos como los de la CCI, CAMCA, LCIA y el CAM, que no exigen como requisito que las medidas se refieran al objeto del litigio, y otros, basados en el Reglamento de la CNUDMI, como los del CIAC y la CANACO, que sí lo hacen. A continuación, citamos textos de estos reglamentos.

Reglamentos que no exigen que la medida sea respecto del objeto del litigio: Artículo 23, párrs. 1 y 2, Reglas de Arbitraje del CAMCA.  1. A petición de cualquiera de las partes, el tribunal arbitral podrá tomar todas las medidas provisionales que considere necesarias, inclusive medidas precautorias destinadas a la conservación de la propiedad. […] 2. Dichas medidas provisionales podrán estipularse en un laudo provisional. El tribunal arbitral podrá exigir una garantía para asegurar el costo de esas medidas. Artículo 23, párr. 1, Reglamento de Arbitraje de la CCI.  Salvo acuerdo de las partes en contrario, el Tribunal Arbitral podrá, desde el momento en que se le haya entregado el expediente, ordenar, a solicitud de parte, cualesquiera medidas cautelares o provisionales que considere apropiadas. El Tribunal Arbitral podrá subordinar dichas medidas al otorgamiento de una garantía adecuada por la parte que las solicite. Las medidas mencionadas deberán ser adoptadas mediante auto motivado o Laudo, según el Tribunal Arbitral lo estime conveniente.

Artículos 25.1 y 25.2, Reglamento de LCIA.  25.1. Salvo acuerdo por escrito en contrario de las partes, el Tribunal Arbitral, a solicitud de una de las partes, estará facultado para: […](a) ordenar a cualquier Demandada o Demandada reconvencional que afiance parcial o totalmente la cuantía reclamada, sea por medio de depósito, aval bancario o de cualquier otro modo y manera que el Tribunal Arbitral estime oportuno. Este modo y manera incluye el ofrecimiento por la Demandante principal o por la Demandante reconvencional de una contragarantía, avalada de la forma que el Tribunal Arbitral estime pertinente, para afrontar los gastos que pudiese sufrir la Demandada por motivo de la constitución de la garantía referida. El importe de los gastos de constitución de la contragarantía se fijará por el Tribunal Arbitral en uno o varios laudos; […](b) decretar la conservación, el almacenamiento, la venta o cualquier otra forma de disposición de cualquier propiedad bajo el control de cualquiera de las partes y que sea objeto de la materia debatida en el arbitraje; […] (c) decretar provisionalmente, y sujeto a la posterior confirmación de un laudo final, la concesión de cualquier compensación que el Tribunal pueda conceder a las partes en el laudo final, incluido el pago de una cantidad dineraria o la venta de una propiedad entre las partes. […] 25.2. Previa la solicitud de una de las partes, el Tribunal Arbitral estará facultado para requerir a cualquier Demandante o Demandante reconvencional el afianzamiento de las costas u otros gastos de cualquiera otra parte, sea por medio de depósito, aval bancario o de cualquier otro modo y manera que el Tribunal Arbitral estime oportuno. Este modo y manera incluye el ofrecimiento por la parte solicitante de una contragarantía, avalada de la forma que el Tribunal Arbitral estime pertinente, para afrontar los gastos que pudiese sufrir la Demandante por motivo de la constitución de la garantía referida. El importe de los gastos de constitución de la contragarantía se fijará por el Tribunal Arbitral en uno o varios laudos. En el supuesto de que la Demandante o la Demandante reconvencional incumpla el requerimiento para afianzar, el Tribunal Arbitral podrá suspender las pretensiones o pretensiones reconvencionales o declarar su improcedencia en un laudo.

Artículo 30, párrs. 1 y 2, Reglas de Arbitraje de la CAM. 1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el Tribunal Arbitral podrá ordenar cualquier providencia precautoria que estime apropiada siempre que se cumplan las siguientes condiciones: […] a. que el Tribunal Arbitral haya recibido el expediente; […] b. que medie petición de Parte; y […] c. que la Parte que solicite la adopción de dichas providencias otorgue la garantía que, en su caso, fije el Tribunal Arbitral. […] 2. El Tribunal Arbitral podrá ordenar las providencias precautorias solicitadas, ya sea mediante un mandamiento procesal o mediante un laudo. Reglamento que exige que la medida sea respecto del objeto del litigio:

Artículo 23, párrs. 1 y 2, Reglamento de Arbitraje de la CIAC.  1. A petición de cualquiera de las partes, el tribunal arbitral podrá tomar todas las medidas provisionales que considere necesarias respecto del objeto en litigio, inclusive medidas destinadas a la conservación de los bienes que constituyen el objeto en litigio, tales como ordenar que los bienes se depositen en manos de un tercero o que se vendan los bienes perecederos. […]

2. Dichas medidas provisionales podrán estipularse en un laudo provisional. El tribunal podrá exigir una garantía para asegurar el costo de esas medidas.

Reglamentos que exigen otras condiciones:

Artículo 31 y 31 A del Reglamento de Arbitraje de la CANACO.

Artículo 31. Facultad del tribunal arbitral para otorgar medidas cautelares […] 1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá, a instancia de una de ellas, otorgar medidas cautelares. […] 2. Por medida cautelar se entenderá toda medida temporal, otorgada en forma o no de laudo, por la que, en cualquier momento previo a la emisión del laudo por el que se dirima definitivamente la controversia, el tribunal arbitral ordene a una de las partes que: […] a) Mantenga o restablezca el status quo en espera de que se dirima la controversia; […] b) Adopte medidas para impedir algún daño actual o inminente o el menoscabo del procedimiento arbitral, o que se abstenga de llevar a cabo ciertos actos que probablemente ocasionarían dicho daño o menoscabo al procedimiento arbitral; […] c) Proporcione algún medio para preservar bienes que permitan ejecutar todo laudo subsiguiente; o […] d) Preserve elementos de prueba que pudieran ser relevantes y pertinentes para resolver la controversia.

Artículo 31 A. Condiciones para el otorgamiento de medidas cautelares […] 1. El solicitante de alguna medida cautelar prevista en los apartados a), b) ó c) del párrafo 2) del artículo 31 deberá convencer al tribunal arbitral de que: […] a) De no otorgarse la medida cautelar es probable que se produzca algún daño, no resarcible adecuadamente mediante una indemnización, que sea notablemente más grave que el que pueda sufrir la parte afectada por la medida, caso de ser ésta otorgada; y […] b) Existe una posibilidad razonable de que su demanda sobre el fondo del litigio prospere. La determinación del tribunal arbitral respecto de dicha posibilidad no prejuzgará en modo alguno toda determinación subsiguiente a que pueda llegar dicho tribunal. […] 2. En lo que respecta a toda solicitud de una medida cautelar presentada con arreglo al apartado d) del párrafo 2) del artículo 31, los requisitos enunciados en los apartados a) y b) del párrafo 1) del presente artículo sólo serán aplicables en la medida en que el tribunal arbitral lo estime oportuno.

También, es común que las partes modifiquen el régimen de las medidas provisionales en la cláusula arbitral. Un ejemplo de este tipo de cláusulas es el siguiente: “El tribunal arbitral podrá, a solicitud de alguna de las partes, ordenar medidas provisionales o de conservación (incluyendo, de manera enunciativa, órdenes preliminares para prevenir incumplimientos al presente contrato), sin necesidad de que la parte solicitante otorgue algún género de garantías.”

B. La medida debe estimarse necesaria

El otro requisito para otorgar medidas provisionales cautelares es que el tribunal arbitral las “estime necesarias”. El tribunal deja a la discreción del tribunal arbitral determinar en qué casos las medidas se estiman necesarias. La doctrina y jurisprudencia arbitral comúnmente identifican tres requisitos para el otorgamiento de la medida provisional: (i) que de no otorgarse, se causaría un daño irreparable; (ii) que el daño que se trata de evitar sea mayor que el daño que se causaría con la medida (prueba de equilibrio); y (iii) que la acción principal que ejercita el solicitante de la medida tenga una posibilidad razonable de ser procedente, es decir, que prima facie haya probado su acción, y que de otorgarse la medida no se esté prejuzgando sobre el fondo de la disputa. Estos requisitos fueron recientemente recogidos por la CNUDMI, al aprobar una enmienda a la LM en el año 2006, el texto de dicho capítulo se hace incluir al final de este comentario (núm. 23.8). Este mismo régimen fue adoptado en el Reglamento de Arbitraje de la CANACO.

23.6. CARÁCTER PROVISIONAL DE LAS MEDIDAS

Como su nombre lo indica, las medidas provisionales sólo tienen una vigencia limitada a la duración del arbitraje. Además, su carácter provisional le permite al tribunal arbitral variar su alcance o inclusive retirarlas, en caso de que existan circunstancias que así lo justifiquen.

Tal vez por su carácter provisional, la LM no contempla la asistencia judicial para la ejecución de las medidas provisionales. Aunque en la Comisión se discutió este tema,506 en ese momento se consideró demasiado ambiciosa la propuesta; ello no excluye la vigencia de los ordenamientos subsidiarios a la ley que en su caso tenga cada país, en los que sí se prevea ese tipo de asistencia.507 Una posibilidad para que la medida provisional sea ejecutable es incluirla en un laudo y solicitar su ejecución con base en el art. 35 de la LM. No obstante, en la práctica, la eficacia de las medidas provisionales obedece a su cumplimiento espontáneo por las partes, cuyo incentivo es el poder que tiene el tribunal arbitral de decidir el fondo de la controversia.

Cabe señalar que España, Nicaragua, Perú y Paraguay prevén procedimientos para asegurar la ejecución de las medidas provisionales. Asimismo, España también hizo aplicables las disposiciones sobre la anulación del laudo a dichas medidas.

23.7. FACULTAD DEL TRIBUNAL ARBITRAL DE FIJAR UNA GARANTÍA

El artículo presentado a la Comisión establecía la facultad del tribunal arbitral de solicitar una garantía de la siguiente manera: “El tribunal arbitral podrá exigir de cualquiera de las partes una garantía para cubrir el costo de esas medidas.”508  La delegación mexicana propuso que la garantía no sólo debería cubrir el costo de las medidas, sino también los eventuales daños y perjuicios que se causaran.509 En consecuencia, la Comisión adoptó una redacción más general que se refiere a una “garantía apropiada en conexión con esas medidas”.510

23.8. ENMIENDA DE LA LEY MODELO EN MATERIA DE MEDIDAS CAUTELARES

La enmienda a la LM, aprobada por la CNUDMI en el año 2006, agregó un Capítulo IV A que regula de manera exhaustiva las medidas cautelares que, a propósito de un arbitraje, puede dictar un juez y un tribunal arbitral. Enseguida se reproduce dicho capítulo:

CAPÍTULO IV A. MEDIDAS CAUTELARES Y ÓRDENES PRELIMINARES (Aprobado por la Comisión en su 39º período de sesiones, celebrado en 2006)

506 A/CN.9/207, párr. 77; A/CN.9/WG.II/WP.35, y A/CN.9/216, párrs. 68-69.

507 A/CN.9/216, párr. 69.

508 A/CN.9/264, art. 18.

509 A/CN.9/263, art. 18, párr. 3 y A/CN.9/SR. 316, párr. 39.

510 A/CN.9/SR. 316, párr. 49.

Sección 1. Medidas cautelares

Artículo 17.  Facultad del tribunal arbitral para otorgar medidas cautelares

1) Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá, a instancia de una de ellas, otorgar medidas cautelares.

2) Por medida cautelar se entenderá toda medida temporal, otorgada en forma o no de laudo, por la que, en cualquier momento previo a la emisión del laudo por el que se dirima definitivamente la controversia, el tribunal arbitral ordene a una de las partes que:

a)  mantenga o restablezca el status quo en espera de que se dirima la controversia;

b) adopte medidas para impedir algún daño actual o inminente o el menoscabo del procedimiento arbitral, o que se abstenga de llevar a cabo ciertos actos que probablemente ocasionarían dicho daño o menoscabo al procedimiento arbitral;

c) proporcione algún medio para preservar bienes que permitan ejecutar todo laudo subsiguiente; o

d) preserve elementos de prueba que pudieran ser relevantes y pertinentes para resolver la controversia.

Artículo 17 A.  Condiciones para el otorgamiento de medidas cautelares

1) El solicitante de alguna medida cautelar prevista en los apartados a), b) o c) del párrafo 2) del artículo 17 deberá convencer al tribunal arbitral de que:

a) de no otorgarse la medida cautelar es probable que se produzca algún daño, no resarcible adecuadamente mediante una indemnización, que sea notablemente más grave que el que pueda sufrir la parte afectada por la medida, caso de ser ésta otorgada; y

b) existe una posibilidad razonable de que su demanda sobre el fondo del litigio prospere. La determinación del tribunal arbitral respecto de dicha posibilidad no prejuzgará en modo alguno toda determinación subsiguiente a que pueda llegar dicho tribunal.

2) En lo que respecta a toda solicitud de una medida cautelar presentada con arreglo al apartado d) del párrafo 2) del artículo 17, los requisitos enunciados en los apartados a) y b) del párrafo 1) del presente artículo sólo serán aplicables en la medida en que el tribunal arbitral lo estime oportuno.

Sección 2. Órdenes preliminares

Artículo 17 B.  Petición de una orden preliminar y condiciones para su otorgamiento

1) Salvo acuerdo en contrario de las partes, toda parte, sin dar aviso a ninguna otra parte, podrá solicitar una medida cautelar y pedir una orden preliminar del tribunal arbitral por la que se ordene a alguna parte que no frustre la finalidad de la medida cautelar solicitada.

2) El tribunal arbitral podrá emitir una orden preliminar siempre que considere que la notificación previa de la solicitud de una medida cautelar a la parte contra la cual esa medida vaya dirigida entraña el riesgo de que se frustre la medida solicitada.

3) Las condiciones definidas en el artículo 17 A serán aplicables a toda orden preliminar, cuando el daño que ha de evaluarse en virtud del apartado a) del párrafo 1) del artículo 17 A sea el daño que probablemente resultará de que se emita o no la orden.

Artículo 17 C.  Régimen específico de las órdenes preliminares

1) Inmediatamente después de haberse pronunciado sobre la procedencia de una petición de orden preliminar, el tribunal arbitral notificará a todas las partes la solicitud presentada de una medida cautelar, la petición de una orden preliminar, la propia orden preliminar, en caso de haberse otorgado, así como todas las comunicaciones al respecto, incluida la constancia del contenido de toda comunicación verbal, entre cualquiera de las partes y el tribunal arbitral en relación con ello.

2) Al mismo tiempo, el tribunal arbitral dará, a la parte contra la que vaya dirigida la orden preliminar, la oportunidad de hacer valer sus derechos a la mayor brevedad posible.

3) El tribunal arbitral se pronunciará sin tardanza sobre toda objeción que se presente contra la orden preliminar.

4) Toda orden preliminar expirará a los veinte días contados a partir de la fecha en que el tribunal arbitral la haya emitido. No obstante, el tribunal arbitral podrá otorgar una medida cautelar por la que ratifique o modifique la orden preliminar, una vez que la parte contra la que se dirigió la orden preliminar haya sido notificada y haya tenido la oportunidad de hacer valer sus derechos.

5) Una orden preliminar será vinculante para las partes, pero no será de por sí objeto de ejecución judicial. Dicha orden preliminar no constituirá un laudo.

Sección 3. Disposiciones aplicables a las medidas cautelares y órdenes preliminares

Artículo 17 D.  Modificación, suspensión, revocación

El tribunal arbitral podrá modificar, suspender o revocar toda medida cautelar u orden preliminar que haya otorgado, ya sea a instancia de alguna de las partes o, en circunstancias excepcionales, por iniciativa propia, previa notificación a las partes.

Artículo 17 E.  Exigencia de una garantía por el tribunal arbitral

1) El tribunal arbitral podrá exigir del solicitante de una medida cautelar que preste una garantía adecuada respecto de la medida.

2) El tribunal arbitral exigirá al peticionario de una orden preliminar que preste una garantía respecto de la orden, salvo que dicho tribunal lo considere inapropiado o innecesario.

Artículo 17 F.  Comunicación de información

1) El tribunal arbitral podrá exigir a cualquiera de las partes que dé a conocer sin tardanza todo cambio importante que se produzca en las circunstancias que motivaron que la medida se solicitara u otorgara.

2) El peticionario de una orden preliminar deberá revelar al tribunal arbitral toda circunstancia que pueda ser relevante para la decisión que el tribunal arbitral vaya a adoptar sobre si debe otorgar o mantener la orden, y seguirá estando obligada a hacerlo en tanto que la parte contra la que la orden haya sido pedida no haya tenido la oportunidad de hacer valer sus derechos. A partir de dicho momento, será aplicable el párrafo 1) del presente artículo.

Artículo 17 G.  Costas y daños y perjuicios

El solicitante de una medida cautelar o el peticionario de una orden preliminar será responsable de las costas y de los daños y perjuicios que dicha medida u orden ocasione a cualquier parte, siempre que el tribunal arbitral determine ulteriormente que, en las circunstancias del caso, no debería haberse otorgado la medida o la orden. El tribunal arbitral podrá condenarle en cualquier momento de las actuaciones al pago de las costas y de los daños y perjuicios.

Sección 4. Reconocimiento y ejecución de medidas cautelares

Artículo 17 H.  Reconocimiento y ejecución

1) Toda medida cautelar ordenada por un tribunal arbitral se reconocerá como vinculante y, salvo que el tribunal arbitral disponga otra cosa, será ejecutada al ser solicitada tal ejecución ante el tribunal competente, cualquiera que sea el Estado en donde haya sido ordenada, y a reserva de lo dispuesto en el artículo 17 I.

2) La parte que solicite o haya obtenido el reconocimiento o la ejecución de una medida cautelar informará sin demora al tribunal de toda revocación, suspensión o modificación que se ordene de dicha medida.

3) El tribunal ante el que sea solicitado el reconocimiento o la ejecución de una medida cautelar podrá, si lo considera oportuno, exigir de la parte solicitante que preste una garantía adecuada, cuando el tribunal arbitral no se haya pronunciado aún sobre tal garantía o cuando esa garantía sea necesaria para proteger los derechos de terceros.

Artículo 17 I.  Motivos para denegar el reconocimiento o la ejecución3

1) Podrá denegarse el reconocimiento o la ejecución de una medida cautelar únicamente:

a) si, al actuar a instancia de la parte afectada por la medida, al tribunal le consta que:

i) dicha denegación está justificada por alguno de los motivos enunciados en los incisos i), ii), iii) o iv) del apartado a) del párrafo 1) del artículo 36; o

ii) no se ha cumplido la decisión del tribunal arbitral sobre la prestación de la garantía que corresponda a la medida cautelar otorgada por el tribunal arbitral; o

3 Las condiciones enunciadas en el artículo 17 I tienen por objeto limitar el número de circunstancias en las que un tribunal podrá denegar la ejecución de una medida cautelar. No se menoscabará en nada el objetivo de armonización que se intenta lograr con estas disposiciones modelo, si un Estado prevé en su legislación menos supuestos en los que pueda denegarse la ejecución de una medida cautelar.

iii)  la medida cautelar ha sido revocada o suspendida por el tribunal arbitral o, en caso de que esté facultado para hacerlo, por un tribunal del Estado en donde se tramite el procedimiento de arbitraje o conforme a cuyo derecho dicha medida se otorgó; o

b) si el tribunal resuelve que:

i) la medida cautelar es incompatible con las facultades que se le confieren, a menos que dicho tribunal decida reformular la medida para ajustarla a sus propias facultades y procedimientos a efectos de poderla ejecutar sin modificar su contenido; o bien que

ii) alguno de los motivos de denegación enunciados en los incisos i) ó ii) del apartado

b) del párrafo 1) del artículo 36 es aplicable al reconocimiento o a la ejecución de la medida cautelar.

2) Toda determinación a la que llegue el tribunal respecto de cualquier motivo enunciado en el párrafo 1) del presente artículo será únicamente aplicable para los fines de la solicitud de reconocimiento y ejecución de la medida cautelar. El tribunal al que se solicite el reconocimiento o la ejecución no podrá emprender, en el ejercicio de dicho cometido, una revisión del contenido de la medida cautelar.

Sección 5. Medidas cautelares dictadas por el tribunal

Artículo 17 J.  Medidas cautelares dictadas por el tribunal

El tribunal gozará de la misma competencia para dictar medidas cautelares al servicio de actuaciones arbitrales, con independencia de que éstas se sustancien o no en el país de su jurisdicción, que la que disfruta al servicio de actuaciones judiciales. El tribunal ejercerá dicha competencia de conformidad con sus propios procedimientos y teniendo en cuenta los rasgos distintivos de un arbitraje internacional.