Se abrieron actuaciones arbitrales en Quebec después de que surgiera una controversia relacionada con un contrato en la industria minera. El árbitro ordenó el cumplimiento específico del contrato y la Corte Superior posteriormente reconoció y ejecutó el laudo. El demandado recurrió contra esta decisión y solicitó la anulación del laudo, argumentando en primer lugar que el árbitro no tenía competencia para dictar una orden y ordenanza en virtud de la ley de Quebec y, en segundo lugar, que el árbitro se había excedido en sus competencias al interpretar el contrato de forma tan generosa. La corte desestimó la apelación por ambos motivos. Tras un amplio examen de la naturaleza y del origen de las órdenes cautelares, y poniendo de relieve la importancia de las fuentes extranjeras, como el artículo 17 de la Ley Modelo, la corte se abstuvo finalmente de decidir si los tribunales arbitrales con sede en Quebec podían dictar válidamente órdenes cautelares. No obstante, la corte consideró que el remedio concedido en este caso no era una orden cautelar sino más bien una orden de cumplimiento específico similar a una acción de transferencia de titularidad. Sobre el segundo motivo, la corte estimó que el árbitro no se había excedido en sus competencias al interpretar el contrato y puso de relieve que el tribunal de segunda instancia nunca debería examinar el fondo del laudo arbitral.