La demandante-apelante (“la demandante”) había intentado obtener una orden que exigiera a la demandada en primera y segunda instancias (“la demandada”) prestar caución por valor de 667.528,86 dólares en apoyo de un proceso arbitral a la sazón pendiente en Londres (Reino Unido). El arbitraje guardaba relación con una controversia comercial relativa a un contrato de fletamento.

Al presentar la solicitud, la demandante había invocado el artículo 9-9-30 del Código de Georgia, análogo al artículo 9 de la LMA. El Tribunal de Distrito mencionado más adelante había denegado la solicitud por considerar que esa medida no estaba prevista en las leyes federales, marítimas ni de arbitraje.

El Tribunal de Apelaciones ratificó la sentencia mencionada más adelante tras examinar el historial legislativo de la LMA y concluir que el propósito del artículo 9 no era ampliar las medidas que podían dictar los tribunales, sino tan solo confirmar las potestades que ya tenían. Según esa interpretación, el artículo 9 de la LMA y, por extensión, el artículo 9-9-30 del Código de Georgia, no establecía ninguna medida sustantiva como la solicitada por la demandante. El Tribunal de Apelaciones también reconoció que el alcance de las facultades otorgadas a los árbitros en el artículo 9-9-38 del Código de Georgia (equivalente al artículo 17 de la LMA) no las hacía equiparables a las potestades judiciales. Todo lo contrario, los redactores de la LMA y del Código de Georgia conferían a los árbitros más discrecionalidad que a los jueces para decretar medidas provisionales. Habida cuenta de que la clase de medida que se solicitaba (caución en apoyo del arbitraje) iba mucho más allá de lo previsto en el artículo 9 de la LMA, la solicitud de la demandante fue denegada y se confirmó la sentencia del Tribunal de Distrito.