El demandado, la Lovat Tunnel Equipment, es una empresa que diseña, construye y suministra equipo para túneles, cuya oficina principal está en Etobicoke, Ontario. El demandante, la CNR, es una empresa constituida en sociedad con arreglo a las leyes del Canadá que realiza operaciones comerciales como empresa de ferrocarriles en la provincia de Ontario. La GTW es una empresa constituida en sociedad con arreglo a las leyes del estado de Delaware. Los otros dos demandantes son filiales de propiedad total de la CNR constituidas en sociedad con arreglo a las leyes del estado de Michigan. Por contrato, la CNR y la GTW celebraron un acuerdo con la Lovat relativo a la compra de una máquina para perforar túneles con presión equilibrada en tierra subterránea blanda (”MPT”). La MPT se utilizó para construir un túnel destinado a la vía férrea bajo el río St. Clair en Ontario. En el contrato se estipulaba que “las partes podrán remitir a arbitraje cualquier litigio relacionado con el presente acuerdo, de conformidad con la ley de arbitraje de Ontario [sic]”.

En 1997, los demandantes entablaron en Ontario una acción por daños y perjuicios debidos, presuntamente, al diseño, la construcción y la fabricación inadecuados de la MPT, así como por incumplimiento de las condiciones expresas e implícitas del contrato y por negligencia en relación con el diseño, la construcción y la fabricación de la MPT. Luego, la Lovat pidió que el litigio se remitiera a arbitraje de conformidad con el contrato y preguntó a los demandantes si estarían de acuerdo en acudir a esa vía o si sería necesario presentar una moción de sobreseimiento de la acción. Uno de los demandantes indicó que era necesario presentar tal moción, porque prefería acudir a la vía judicial.

El juez que examinó la moción rehusó ordenar el sobreseimiento, pero el tribunal de apelaciones anuló esa decisión y remitió a las partes a arbitraje. Sobre la cuestión de si se trataría de un arbitraje interno o internacional, el tribunal estimó que ello no importaba, dado que la regla aplicable, el artículo 8, era la misma independientemente de la índole del arbitraje. Con respecto a los hechos, el tribunal estimó que, dado que los demandantes habían iniciado actuaciones ante los tribunales, los demandados tenían la opción de aceptar un arbitraje vinculante o bien la decisión de los demandantes de recurrir a los tribunales. La interpretación correcta de la cláusula era que por “las partes” se entendía “cualquiera de las partes”. En consecuencia, cualquiera de las partes podía remitir un litigio a arbitraje vinculante, en cuyo caso el laudo sería imperativo. De no elegir una de las partes esa posibilidad, los asuntos en litigio podrían resolverse ante los tribunales. El tribunal ordenó el sobreseimiento.