En una instancia que pedía el reconocimiento y la aplicación de un laudo arbitral, el demandado, D.L.T. Holdings, una empresa canadiense en franquicia del demandante, se opuso sobre la base de incapacidad (artículo 36 1) a) i)), falta de recursos financieros para asistir al arbitraje (artículo 36 1) a) ii)) y política pública (artículo 36 1) b) ii)). El Tribunal rechazó el primer argumento aunque indicó que sería un motivo válido para no conceder la aplicación si había prueba de “opresión, tácticas de presión firmes o falsa declaración” en la fase de formulación del contrato. La segunda objeción quedó rechazada también porque el árbitro estaba facultado para continuar el proceso incluso en ausencia de una parte, según se dispone en el artículo 25. Por último, el Tribunal rechazó la objeción relativa a la política pública que se basaba en una presunta desigualdad de las facultades de negociación.

El Tribunal redujo la cantidad fijada en el laudo en vista de que el demandante admitía que el árbitro, por lo visto, había calculado LMA un honorario determinado debido por el demandado en virtud del acuerdo de franquicia.