La controversia se planteó a raíz de una reorganización de la Liga de Hockey alemana por el demandado, que era la Asociación Alemana de Hockey (“la Asociación”), como resultado de la cual el demandante, que era un club de hockey, fue degradado a la segunda liga. El tribunal arbitral previsto en los estatutos de la Asociación rechazó la petición del demandante de que se revocara la reorganización. El demandante se dirigió entonces al Tribunal Superior Regional de Hamburgo para que se anulase el laudo de acuerdo con el artículo 1059 del ZPO, que se basaba en el artículo 34 de la LMA.

El Tribunal consideró que la petición era admisible pero que estaba infundada. Contrariamente a las afirmaciones de ambas partes, el tribunal de la Asociación era un tribunal arbitral en el sentido de los párrafo 1025 y siguientes del Código de Procedimiento Civil alemán (en adelante ZPO) y no un mero órgano del demandado. De acuerdo con las Reglas de Arbitraje de la Asociación, el tribunal tenía que decidir controversias en lugar de los tribunales estatales y su independencia estaba garantizada.

A pesar de ello, el Tribunal estimó que ninguno de los motivos para anular laudos expuestos en el artículo 1059 2) del ZPO, basado en el artículo 34 2) de la LMA, podía aplicarse a la controversia. La inclusión de acuerdos de arbitraje en los estatutos de asociaciones se regía por el artículo 1066 del ZPO, de manera que no se necesitaba ningún consentimiento por escrito respecto del artículo 1031 del ZPO. Además, pese a los efectos que el laudo tenía para otros miembros de la Asociación, la controversia era arbitrable (artículo 1059 2) No. 2 letra a del ZPO, basado en el artículo 34 2) b) i) de la LMA). Dado que el tribunal estaba integrado por miembros permanentes, las partes que participaban en la controversia no tenían mayor influencia en su composición que los miembros que no participaban, pero a pesar de todo se veían afectadas. En segundo lugar, se permitía que terceras partes posiblemente afectadas por la decisión pudieran participar en las actuaciones, de modo que se brindaba suficiente protección a sus derechos.