Las partes convinieron en someter sus controversias a arbitraje y se presentó al tribunal arbitral una declaración convenida de hechos y cuestiones objeto de controversia (lo que equivalía a un acuerdo de arbitraje en el sentido del artículo 7 1) de la LMA). La controversia principal se refería a las condiciones de reembolso de una deuda hipotecaria. El fallo arbitral disponía que se debía y era pagadera una determinada cantidad de dinero en virtud de la hipoteca y fijaba el período respecto del cual se podían recuperar intereses.

El demandante solicitaba del Tribunal una orden de ejecución. El demandado se oponía, alegando que el demandante no podía actuar porque la cuestión había quedado ya resuelta en el fallo arbitral. El Tribunal Supremo estimó que el fallo arbitral era vinculante y ejecutable, según el punto 29 de la Ley de Arbitraje Comercial y el artículo 35 1) de la LMA. Ahora bien, el Tribunal llegó a la conclusión de que la solicitud del demandante era admisible y concedió la orden sobre la base de que no todas las partes que participaban en el procedimiento de ejecución eran partes en el acuerdo de arbitraje, y de que el fallo arbitral no trataba de todas las cuestiones que se plantearon en el procedimiento de ejecución.