El demandante y el demandado concertaron un contrato para la venta de barras de acero deformadas. El contrato contenía una cláusula de arbitraje y una opción de retro-compra, que el demandante ejerció por lo que se refería solamente a parte de la entrega. El contrato fue modificado subsiguientemente por dos acuerdos adicionales (la “Transacción de octubre” y la “Garantía”), por los que las partes convinieron en condiciones revisadas para la adquisición por el demandante de la parte restante de los productos que había que entregar.

La controversia se refiere a la cantidad adeudada con arreglo a la Garantía y el demandado inició dos acciones judiciales, una por incumplimiento de los términos de la Garantía y la otra por lo que se refería a las cantidades que presuntamente se debían y que el demandante adeudaba con arreglo al contrato original y a la Transacción de octubre. El demandante solicitó la suspensión de ambas acciones sobre la base de que la controversia debía someterse a arbitraje con arreglo al artículo 8 1) de la LMA. El tribunal estimó que no había pruebas sustanciales de controversia entre las partes. En su opinión, el plazo de tiempo entre el día en que el pago quedó en mora para el demandante y el día en que fue reclamado por el demandado era de una longitud excepcionalmente grande y los motivos de la controversia no estaban claros.

Una cuestión que había de decidir el tribunal era si la disposición relativa al arbitraje que figuraba en el contrato original se aplicaba a la Transacción de octubre y a la Garantía. El tribunal estimó que nada, en la Transacción de octubre o en la Garantía indicaba que las partes tenían la intención de incorporar la disposición sobre arbitraje a dichos documentos (artículo 7 1) de la LMA). El tribunal llegó a la conclusión de que no había base alguna para prevenir que el demandado presentara una petición de suspensión y se negó a dictar una suspensión a favor del arbitraje, con arreglo al artículo 8 1) de la LMA.