El demandante presentó una solicitud de suspensión de los procedimientos arbitrales, motivada por la conducta irrazonable del demandado, que se había negado a explicar cuál era su residencia social, con lo que evitaba que se incluyeran los gastos de seguridad entre los gastos del arbitraje. El caso se refería a la jurisdicción del tribunal para ordenar tanto la seguridad como la revelación de informaciones sobre la identidad del demandado.

En las actuaciones judiciales, el demandado actuando deliberadamente tampoco reveló su domicilio social, restringiendo la posibilidad de investigar si el demandado era una simple compañía – caparazón sin bienes propios.

A falta de un conjunto de normas procesales amplio y convenido, que rigiera las actuaciones arbitrales, el tribunal decidió que debían aplicarse las normas procesales de Hong Kong sobre cuestiones como la responsabilidad de proporcionar cobertura segura para los gastos. El tribunal observó que en la LMA no había nada que rigiera la cuestión de la negativa de una parte a dar detalles o datos acerca de su identidad y que, por lo tanto, la definición que figura en el artículo 5 de la LMA no era de aplicación a semejante caso. Tampoco satisfacía al tribunal el hecho de que una orden que requiriera que una parte suministrara esos detalles fuera una “medida provisional de protección”, según el significado del artículo 9 de la LMA. En opinión del tribunal, no había disposición concreta en la legislación que tratara de la cuestión y, para evitar todo abuso judicial, la cuestión había de decidirse sobre la base de la jurisdicción inherente del tribunal.

El tribunal concedió tiempo al demandado para proporcionar la seguridad, y entre tanto ordenó la suspensión de las actuaciones arbitrales.