El demandante pidió al Tribunal Supremo que anulara una decisión emitida por un tribunal arbitral. Alegó que el tribunal arbitral había excedido su competencia al declarar que las partes le habían otorgado, por mutuo acuerdo, la facultad de ordenar medidas provisionales cautelares y al declarar que era competente para determinar la cuestión de si poseía o no esas facultades (artículos 16 1) y 17 de la LMA).

En las actuaciones arbitrales, el tribunal arbitral había determinado que las partes habían convenido en quedar vinculadas por la Ley de Arbitraje Comercial Internacional (la Ley). El tribunal arbitral observó también que las partes habían convenido en que el tribunal arbitral resolviera las cuestiones de procedimiento a medida que se fueran planteando. Subsidiariamente, el tribunal arbitral estimaba también que estaba obligado en virtud de la Ley.

Ante el Tribunal Supremo, el demandante alegó que los artículos 16, 17 y 31 6) de la Ley, que reproducían parcialmente las disposiciones de los artículos 16 y 17 de la LMA, eran inconstitucionales, en la medida en que violaban el artículo 96 de la Ley Constitucional.

El tribunal observó que nunca se había interpretado que las disposiciones del artículo 96 prohibieran que dos o más ciudadanos designaran a otro como su “juez privado” para solucionar sus controversias, y le otorgaran facultades decisorias. El tribunal arbitral en cuestión no era un órgano provincial oficial y no se estaban violando las disposiciones del articulo 96 de la Ley Constitucional.

El tribunal observó a continuación que en caso de que la competencia de un tribunal arbitral se recusara o se pusiera en duda, ese tribunal arbitral estaba facultado para decidir acerca de su propia competencia (artículo 16 1) de la LMA) a los efectos de asegurarse, como cuestión preliminar, de si debía continuar o no con el arbitraje. El tribunal entendió también que un árbitro podía emitir una orden.

Se denegaron las solicitudes de demandante.