El demandante y el demandado habían celebrado un contrato de arrendamiento de un terreno que se dedicaría a cultivos forestales. Cuando las partes discreparon en la evaluación de la propiedad, la controversia se sometió a arbitraje. El demandante trató de impugnar el laudo por entender que se había quebrantado la justicia natural al no habérsele brindado la oportunidad de exponer sus argumentos respecto del enfoque utilizado por los árbitros para tasar la propiedad.

Al examinar si se había quebrantado la justicia natural, el tribunal observó que el artículo 18 de la Ley de Arbitraje (inspirada en el artículo 18 de la LMA) preveía que debería tratarse a las partes en pie de igualdad y darse a cada una de ellas la oportunidad de hacer valer sus derechos. El tribunal consideró que al alegar denegación de justicia, el demandante impugnaba la sustanciación del procedimiento arbitral. El tribunal señaló que el demandante, al alegar sorpresa, debía demostrar: a) que un litigante razonable en la situación del demandante no habría previsto que el tribunal arbitral argumentaría como lo hizo al dictar el laudo y, b) que, de haber mediado una notificación adecuada, podría haberse persuadido al tribunal arbitral de que se pronunciase de otra manera. El tribunal observó que, desde el momento en que una parte podía mostrar “considerable sorpresa”, era razonable suponer que, en ausencia de toda prueba en contrario, se había causado realmente cierto perjuicio procesal.

En el caso pertinente, el Tribunal Superior tuvo en cuenta la duración de las actuaciones arbitrales y las pruebas presentadas. Concluyó que el laudo dictado por el tribunal arbitral constituía un resultado razonablemente previsible sustentado por pruebas suficientes. Determinó que, si bien el demandante había tenido suficientes ocasiones de presentar otras pruebas y argumentos, había decidido no hacerlo. Por consiguiente, el tribunal desestimó la solicitud de anulación del laudo.