Observó que la falta de una controversia claramente definida era incompatible con la naturaleza del arbitraje. Se había recurrido a la persona designada para que determinase una cuestión concreta impidiendo cualquier controversia, no arbitrando en una: el mandato que se le había dado consistía en llevar a cabo una tasación completa del activo y el pasivo de la sociedad para reestructurarla.

En cambio, el tribunal consideró que la profesión de la persona designada y la exclusión de responsabilidad carecían de importancia para alcanzar esa resolución, ya que se podían aplicar tanto a los peritos como a los árbitros.